El cese del jefe de la Policía se decidió, tras el informe negativo de la seguridad en la cabalgata de carnaval

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, asumió como propio un informe de su concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez, fechado el pasado viernes, en el que se propone la deposición de Carlos Saavedra Brichis como jefe de la Policía Local. En dicho informe se constata que la situación en materia de seguridad y emergencias «es de extrema delicadeza» antes de reconocer que se ha perdido «toda confianza» en el comisario principal.

La justificación de la remoción se basa en nueve argumentos, entre los que se citan como razones principales «la desobediencia a las órdenes verbales y escritas que se le dan, de manera ostensible y reiterada» y el hecho de que se profirieran «amenazas, veladas en unos casos y expresas en otros, de formular denuncias ante otras instituciones públicas orientadas a obtener la suspensión de actos, eventos o actuaciones previstas por la Corporación en beneficio de sus ciudadanos, sin proporcionar alternativas o posibilidades que permitan superar los posibles obstáculos».
El documento del concejal de Seguridad entiende que Saavedra incurrió en «una actuación de manifiesta deslealtad institucional de manera reiterada» por la emisión de informes negativos desde el periodo de carnavales hasta la actualidad.

Como ya informó CANARIAS7 el pasado mes de abril, el jefe de la Policía Local advirtió de «la deficiente implantación de los planes de autoprotección del carnaval 2019», en lo referido a la cabalgata.

El informe negativo de la seguridad en la cabalgata de carnaval detonó esta situación

 

El problema de este evento tenía su origen en la falta de agentes, que se negaban a cubrir servicios adicionales como consecuencia del impago de las horas extra. Esta misma situación está afectando en estos momentos a la carrera que se celebra este sábado, la Binter Night Run, que requiere la intervención de un equipo de 140 agentes y en la que, de momento, solo hay seis policías inscritos como voluntarios.


Además, en el último pleno, los agentes se manifestaron por los impagos de las horas extra, entre otros motivos, una situación que afecta también a otros trabajadores municipales.
Sin embargo, fuentes consultadas explicaron que el 99% de los informes sobre los eventos que se celebran en la ciudad son positivos y que solo el caso de los carnavales fue negativo por la carencia de agentes para garantizar la seguridad.

Responsabilidades

 

El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, refleja por escrito que la emisión de este tipo de informes por parte del jefe de la Policía Local se hicieron «para salvar sus responsabilidad en asuntos que le parecen de especial trascendencia», por lo que «deja constancia por escrito de supuestos hechos o manifestaciones que no se ajustan a la realidad o que tergiversa desvirtuando el contenido de las instrucciones que le son dadas».

En su opinión, «gran parte de los informes» emitidos por Brichis «carecen de justificación o acreditación», de ahí que acabe por acusarlo de conculcar «los más elementales principios de la buena fe y lealtad constitucional».

Otras razones esgrimidas por el edil de Seguridad hacen referencia a que el mando policial no atendió el requerimiento de informes por parte del Ayuntamiento, como el referido a la situación de las horas extraordinarias del cuerpo; la contestación a otros organismos sin conocimiento previo del concejal, como ocurrió con el problema de impagos del alquiler de la galería de tiro de la Policía Local, en el que Josué Íñiguez ve una «actitud desafiante»; la «reiterada desobediencia» a la hora de emitir ciertos informes, en unos casos, o la realización de otros sin habérsele solicitado, como ocurrió con un expediente enviado a la Fiscalía en relación con la celebración del FiestoRon, en Arucas, lo que provocó «una confrontación» con ese municipio.

Sin arbitrariedades

 

Desde Recursos Humanos se aclara que «la libre remoción ha de entenderse no como una arbitrariedad que permita, sin motivo alguno, proceder al cese del funcionario nombrado», sino que debe justificarse. Y se insiste en que el informe emitido por el concejal de Seguridad, que concluye en que «la quiebra de la confianza imposibilita la continuidad» de Brichis en la jefatura, sirve como justificación. «No pretende la meritada concejalía que el jefe deje de cumplir con sus obligaciones, o que haya de cambiar cuál deba ser el modo en que deba actuar, lo que pretende simplemente es poder confiar plenamiente en el funcionario que ostenta la jefatura», prosigue, «sin embargo, no ocurre esto en el caso que nos ocupa».

Ante estos hechos, el servicio de Recursos Humanos emitió este lunes otro informe, que fue rubricado por el propio alcalde, para dar vía libre al cambio en la jefatura de la Policía Local.
La remoción de Carlos Saavedra Brichis del cargo de jefe de la Policía Local abre las puertas de la jefatura a Carmen Delia Martín Mederos, que en estos momentos era comisaria y que tras una baja laboral se incorporó el jueves pasado. Aunque en el cuerpo hay dudas de si esta elección quiebra el principio de jerarquía, puesto que Brichis era comisario principal y Martín es comisaria, en el decreto de nombramiento de la nueva jefa se explica que la elección puede hacerse entre «los miembros de la Escala Superior, es decir, entre los empleos de comisarios principal, comisario y subcomisario de la Policía Local, todos pertenecientes al grupo A».

Cumplían estos requisitos el propio Saavedra Brichis, como comisario principal, y Rosa María Rodríguez, comisaria y en estos momentos jefa de Bomberos, la elegida Carmen Delia Martín, y el subcomisario José Carlos Martín González, que está en comisión de servicio en la Policía Canaria como comisario.

Sin embargo, la ley 2/2008 equipara el cargo de comisario principal con el de coronel o teniente coronel de la Guardia Civil; y el de comisario, con el de comandante. «En la Guardia Civil sería impensable ver que un comandante manda a un coronel», explicaron las fuentes consultadas por este periódico.

Contra la resolución del Ayuntamiento cabe la interposición de un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.