jueves, 28 de marzo de 2019

El Perenquén estudia pedir al juez que suspenda el Carnaval en el centro

La asociación de vecinos El Perenquén, que integra a residentes de la zona centro de la capital tinerfeña -aunque ayer acudieron apenas unas 25 personas-, decidió anoche contratar un abogado, preferiblemente en Las Palmas -a propuesta de la presidenta del colectivo-, para solicitar el cumplimiento de la sentencia que dictó el TSJC en 2007, en el que obligó al Ayuntamiento de Santa Cruz a fijar unas medidas correctoras con el sonido para evitar la suspensión del Carnaval en el centro, según la argumentación que defendió en la sala MAC de la calle de El Castillo la presidenta de la asociación, Silvia Barrera.

Durante la reunión, la dirigente vecinal insistió en aclarar que sí está a favor del Carnaval, pero no del macrobotellón de los últimos años, de nueva implantación. Y hasta realizó una definición para dejar las cosas claras. Así, hizo su definición de macrobotellón: "Aquel acto nocturno que ocupa el centro histórico con kioscos, carritos y terrazas que emiten por altavoces música a todo volumen, por encima de los niveles legales para preservar la salud humana, consumo de alcohol y generación de gran cantidad de ruido en calles normalmente estrechas, donde el eco lo refuerza". Frente a este concepto, defienden el Carnaval, que entienden así: "Orquestas de salsa o música similar en la plaza del Príncipe o Candelaria, actuaciones de murgas, comparsas, rondallas, grupos musicales por calles y escenarios, aunque debe tenerse en cuenta no generar basura".

En la asamblea, que comenzó con una veintena de personas y terminó con casi medio centenar -entre las que se sumaron dos juristas que se presentaron como funcionarias de la Gerencia de Urbanismo y de Presidencia del Gobierno que apoyan a la lista de Nueva Canarias, que encabeza Hilario Rodríguez, así como dos empresarios de la zona del Cuadrilátero-, la presidenta de El Perenquén solicitó ideas a los vecinos para emprender medidas que permitieran que la celebración del Carnaval -macrobotellón, según su terminología- se celebre en la zona portuaria, y hasta proyectaron una imagen con la gran explanada en la que aún se trabaja, sin aclarar que está aún en obras. En las pocas concesiones que le hicieron al gobierno local, Silvia Barrera recordó que el alcalde declaró que el recinto portuario será el corazón del Carnaval. Pero tanto la presidenta, como los vecinos presentes -más otros tantos que dijo Barrera que no pudieron acudir por trabajo, pero que estaban informados y representados-, exigen que el traslado de los actos sea inmediato. Empezaron por el Carnaval, y acabaron por englobar en el mismo saco al Plenilunio o cualquier acto, porque, aseguran, cada quince días hay actividades en la zona centro.




Dejaron entrever su indignación por que a los vecinos de Cabo-Llanos se les baje los decibelios a 85 y ellos deban soportar 96 o 105, lo que justificaron porque "los vecinos de la avenida de Anaga" ganaron la sentencia del ruido. Ya no solo era cuestión de sonido. También de hartazgo por la suciedad, o porque incluso ponen acometidas de luz en el drago de la plaza del Chicharro. ¿Dónde están los ecologista? Y otra preguntó: ¿Dónde están los animalistas?, cuando advirtieron de que los perros salían a pasear por la mañana sobre las montañas de basura que dejó el Carnaval. "Y luego hablan de las toneladas de porquería que deja el Carnaval como si fuera un éxito", reprochó Silvia Barrera. Luego atribuyó a la asociación que este año se pusiera una parada de taxis en la calle de El Pilar. Y de nuevo, la polémica del ruido, para asegurar que los kioscos de estudiantes de antes los han convertido en un negocio. Mientras una vecina reclamaba una segunda residencia para quienes no aguanten el ruido o estén enfermos, Silvia Barrera defendió su derecho a seguir en su vivienda.

Hasta cargaron con el kiosco de la plaza Candelaria, que dijeron que cocinó con brazas y "ocupó media plaza. Cuando cantó la Billo's Caracas Boys estaba ocupada la mitad de la plaza". Y volvieron a la carga con el recinto portuario, porque "controlarían la venta de droga legal que es el alcohol", dijo una vecina, que defendió el nuevo emplazamiento porque "pondrían buenos médicos y lograrían que los menores no bebieran".

Silvia Barrera recordó la sentencia del TSJC, para usarlo de aval en un compromiso político. Una vecina se levantó y cuestionó la palabra de los políticos. "Está la sentencia, pues vamos a pedir el cumplimiento", dijo otro. Silvia Barrera advirtió que hacía falta asociarse y tener fondos, las juristas de Nueva Canarias levantaron la mano, la presidenta de El Perenquén hizo oídos sordos y mostró su preferencia por la letrada que acabó con el Carnaval en Las Palmas. La asamblea se diluyó en corrillos entre los intentos de Silvia Barrera de que los presentes marcaran en el mapa del ruido dónde padecían molestias. La decisión parecía tomada: pedir el cumplimiento de la sentencia y poner en jaque el Carnaval, "macrobotellón" como lo define El Perenquén.

Humberto Gonar 

No hay comentarios:

Publicar un comentario