jueves, 30 de agosto de 2012

Los grupos del Carnaval piden vender alcohol en sus cantinas 30 días al año

Ante el reciente decreto dictado por el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, con el que se prohíbe la venta de alcohol, comida elaborada y cigarros en las cantinas de las asociaciones que ocupen un local municipal, los grupos del Carnaval que se encuentran en la Calle de La Noria han decidido presentar un escrito al alcalde para "rogarle" que por lo menos durante 30 días al año puedan ofrecer bebidas alcohólicas y algo de comida en sus cantinas. La cantina de una de las asociaciones vecinales del municipio.
Estos grupos carnavaleros, entre los que se encuentran las murgas Triqui Traques, Diablos Locos y Ni Pico Ni Corto, entre otros muchos, solicitan poder vender alcohol, aunque sea cerveza y vino, algunos días de Navidad, de Carnaval y en otras fechas "señaladas", para poder recaudar algo de dinero para las sociedades que ocupan los locales. Y ahora con más razón, según comentan los grupos, porque el Ayuntamiento les ha enviado una carta con la que les anuncia que partir del próximo mes el Consistorio ya no pagará ni el agua ni la luz de ningún local municipal, algo que sí se venía haciendo hasta ahora.
Las agrupaciones de La Noria quieren acogerse al punto del decreto en el que se establece que "en casos excepcionales, previa autorización del Ayuntamiento, se podrá permitir la venta y consumo de bebidas fermentadas (vino y cerveza)". Los grupos desconocen a qué se refiere el alcalde con esta medida excepcional y tampoco el Consistorio lo aclara. Fuentes municipales comentan que aún no se ha desarrollado ese apartado del decreto y que de momento no se puede aportar más información sobre el mismo.
Los carnavaleros de la Calle de La Noria temen que con este nuevo decreto, con el que se regula por primera vez el uso de las cantinas en los locales de las asociaciones, muchos grupos se vean obligados a desaparecer porque, según dicen, las cantinas ayudaban a sufragar los gastos de las sociedades. Incluso la Federación Tinerfeña de Murgas ha alertado de que en la normativa también se establece la posibilidad de que el Ayuntamiento saque a concurso la explotación de estos establecimientos, lo que significaría que el dinero que se consiguiese en las cantinas sería íntegramente para la persona a la que se le adjudicara su gestión, a cambio de un canon que se le pagaría al Ayuntamiento, y ni un solo euro iría destinado a las asociaciones.
De todas formas, el alcalde en el decreto aclara que solo se sacaría a concurso público la explotación de aquellas cantinas en las que no se cumpliesen los requisitos exigidos por el Ayuntamiento, como que el bar no sea gestionado directamente por la asociación correspondiente, sino por un tercero.
El Ayuntamiento ha decidido regular el uso de las cantinas en las asociaciones tras numerosas denuncias presentadas por empresarios que se quejan de competencia desleal, porque aseguran que se vende comida y alcohol a "todo el mundo" y no solo a los socios y a precios muy baratos sin pagar ni un solo impuesto ni una sola tasa al Ayuntamiento, y por vecinos, que se quejan del "ruido" que se genera en los locales que tienen estos bares y en los alrededores.
Las agrupaciones carnavaleras de la Calle de La Noria no son las únicas que han manifestado su preocupación ante esta nueva normativa, que ya ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, por lo que ya ha entrado en vigor. También asociaciones de vecinos, culturales, deportivas y sociales han puesto el grito en el cielo.
Roberto Abdullah, presidente de la Asociación de Vecinos de El Tablero y miembro de la Federación de Asociaciones de Vecinos del Suroeste, comenta que este decreto hará "mucho daño" a la participación ciudadana en la capital, pues cree que muchos colectivos no podrán realizar ya actividades, que eran sufragadas con lo que se recaudaba de las cantinas. También es cierto que reconoce que en algunos casos estos bares se han convertido en el "coto privado" de algunos presidentes de asociaciones, pero critica que con este decreto "se quiere meter a todo el mundo en el mismo saco". "Lo que se tenía que haber hecho es un control para detectar qué asociaciones están haciendo un uso privado de la cantina, pero no castigar a todos los colectivos", añade Abdullah.
Por su parte, Moisés Barreto, presidente de la Asociación de Vecinos 7 Islas del Sobradillo, critica que el alcalde prohíba también vender vino y cerveza, pues según Barreto, el Ayuntamiento aseguró a los colectivos que estas bebidas sí se iban a permitir. "Habla de casos excepcionales pero nadie nos explica a qué se refiere el alcalde con eso", concluye.

La Opinión de Tenerife Eloísa Reverón

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